Las medidas económicas, fiscales y tributarias propuestas por el presidente Mauricio Macri y su equipo son propias de la Economía de la Oferta. Esta escuela macroeconómica vigente en EE.UU. desde los años 70, asevera que la oferta (agregada) es el motor del crecimiento económico, en lugar de la demanda keynesiana. Con la reducción de impuestos, la desregulación de las actividades económicas y una mayor flexibilidad, se posibilita el incremento de la oferta de las empresas y de los productores, beneficiando a los consumidores por la alternativa de obtener mayores bienes y servicios a menores precios, siendo la base sustentable de este programa económico.
Los economistas que defienden las “supply-side economics” propugnan ensanchar la base imponible, aumentando los impuestos indirectos (subas de tributos internos para bebidas con alcohol y gaseosas azucaradas) y reduciendo los impuestos directos (a la ganancia mínima presunta, y sobre los bienes personales). La reforma tributaria se completa con la reducción de contribuciones previsionales patronales y el pago a cuenta ganancias de los impuestos a los créditos y débitos bancarios, como incentivos fiscales a las empresas.
Una de las claves de esta política macroeconómica es favorecer la inversión privada. La reducción del impuesto a las ganancias corporativas del 35% al 25% en tres años para las empresas que reinviertan sus utilidades, tiene fundamento teórico en la denominada “Curva de Laffer”. Esta curva expone que la suba de las alícuotas impositivas produce una caída en la recaudación fiscal, pues frente a la presión fiscal alta, muchos prefieren no ganar más o atesorar el excedente. Para evitar este efecto contrario, la presión tributaria debe bajar sensiblemente, pero el actual déficit fiscal torna inviable realizar una disminución sustancial de tributos. Por ello, se promueve esta sutil medida de reinversión de ganancias. El fisco deberá auditar que la operatoria sea concreta y efectiva, para evitar elusión, evasión o incluso, posibles fraudes impositivos.
Para los “supply-siders”, la política monetaria es el principal instrumento para controlar la inflación, tal cual lo postulan actualmente las autoridades del BCRA. Como las tasas de interés bajas generan excesiva oferta monetaria, proponen tasas altas de referencia para evitar crisis económicas, y encauzar el aumento generalizado y sostenido de los precios de la economía. Hasta ahora, subir las tasas de pases ha sido la principal herramienta. No debemos descartar el aumento de los encajes bancarios, restringiendo aún más la oferta de moneda en el mercado financiero.
Finalmente, para combatir el déficit fiscal, provocado mayoritariamente por los “excesos” de la Economía de Bienestar, los economistas de la oferta norteamericanos recomendaron la privatización de servicios públicos y, especialmente, de los planes de pensiones y retiros. En Argentina, las propuestas son más moderadas, acordes al marco político y social actual. En este contexto, se ubican la reforma del gasto público en el desempeño y la actividad operativa propia del Estado, la creciente oferta de servicios aéreos, y el nuevo cálculo de jubilaciones y pensiones anunciado.
La mayor parte de los postulados ortodoxos de esta corriente macroeconómica fueron implementados en EE.UU. a partir del gobierno de Ronald Reagan. Este paradigma económico no teoriza medidas tendientes a la distribución de la renta. En Argentina, Mauricio Macri y su equipo económico tienen el desafío de llevar adelante y promover políticas y acciones de gobierno que permitan, no solamente disminuir la pobreza sino, además, mejorar el nivel socioeconómico de la población, distribuyendo el ingreso y alcanzando la justicia social, para una sociedad que, en su conjunto e indefectiblemente, las demanda.
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