Las pérdidas posteriores obligan a sostener políticas de inversión en infraestructura, así como de modificación de tecnologías y modos de producción.
Existe una controversia científica acerca de las causas de los desastres humanitarios, naturales y económicos que asolan determinadas regiones del planeta. Mientras unos postulan el comportamiento cíclico de los fenómenos de la naturaleza por factores recurrentes meteorológicos e inclusive por alteraciones excepcionales del disco solar y su carga eléctrica, otros denuncian el deterioro ambiental y climático que sufre el ecosistema terrestre por la acción directa del hombre y su despiadada actividad económica que depreda, contamina y diezma los recursos naturales y el medio ambiente. Frente al antagonismo por el origen de los fenómenos climáticos y meteorológicos, no surgen dudas sobre las terribles y consecuentes pérdidas de vidas humanas, ecosistemas biológicos y bienes patrimoniales.
Se estima que los daños económicos generados directamente por los huracanes Harvey, Irma, José y María alcanzarían los US$ 290.000 millones (equivalentes a 1,5 puntos del PIB estadounidense) en las islas del Mar Caribe y en el territorio de EE.UU., sobre la infraestructura edilicia, sanitaria y energética.
La región había recibido otros ciclones tropicales como el Andrew en 1992, el Katrina en 2005 y el Sandy en 2012. La recuperación patrimonial posterior permitió continuar con la explotación de los monocultivos de la zona y de los servicios turísticos integrales. Sin embargo, el volumen de inversión necesaria para reactivar actualmente este tipo de prestaciones en las áreas perjudicadas obliga a optimizar la aplicación de fondos y rediseñar la matriz de negocios que implica la explotación del turismo.
Esta serie de sucesos han afectado profundamente los procesos productivos y comerciales, y el desarrollo de las distintas actividades económicas, provocando inclusive cambios y modificaciones en la matriz de insumo-producto y en la generación de empleo y distribución del ingreso.
En nuestro país, la Sociedad Rural Argentina afirmó que “hay más de 10 millones de hectáreas de las más productivas inundadas” en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Los “excesos hídricos” que padece la región provocan la pérdida significativa de ganado, miles de hectáreas menos de cultivo, caída en la recaudación fiscal directa e incidencia negativa en la balanza comercial argentina. El quebranto económico se proyecta en U$S 1.500 millones. Si contabilizamos los perjuicios sobre la infraestructura y la logística, el aparato industrial del sector y la demanda de insumos y bienes de capital, el impacto negativo se profundiza en toda la matriz productiva de la economía nacional.
En Castilla y León, España, la sequía provocó la pérdida de cosecha de cereales en más del 60%. En la región de La Umbría, por la intensa ola de calor que asoló recientemente la península italiana, se produjo 50% menos de olivos que el año anterior. Las fuertes heladas ocasionaron una disminución del 40% en la producción de uvas en Burdeos, Francia. El intenso frío y las bajas temperaturas generaron una importante crisis agrícola en Boyacá, Colombia, por el deterioro de los cultivos de papa y maíz. La desaparición de dos glaciares himalayos en el estado de Cachemira, India, ha obligado a los agricultores a dejar los arrozales por la falta de agua y dedicarse al cultivo de manzanas.
La conjunción de fenómenos meteorológicos cíclicos y el cambio climático sistemático que se evidencia en vastas regiones del planeta incrementan los desastres humanitarios y del medio ambiente. Las pérdidas económicas nos obligan hoy mismo a prever y sostener políticas de inversión en infraestructura, y de modificación de tecnologías y de modos de producción, para adecuarse y enfrentar los vaivenes estacionales o periódicos que se suceden indefectiblemente en el presente. La controversia científica acerca de las causas seguramente se esclarecerá el día después de mañana.
Publicada en www.eleconomista.com.ar
Publicada en El Economista
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